Nota de prensa completa aquí.
* Tres de los autores del informe “L’aragonés y lo catalán en l’actualidat. Analisi d’o Censo de Población y Viviendas 2011”, impulsado por el Seminario Aragonés de Sociolingüística, se han reunido con la diputada María José Ferrando, representante del Partido Popular en la comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón. Esta ha negado la existencia de la lengua aragonesa como tal, admitiendo, a su vez, que la lengua catalana, con esa denominación, es la propia de las comarcas del levante aragonés.
Zaragoza, 14 de julio de 2017. Este miércoles la diputada María José Ferrando, del Partido Popular, ha reconocido la diversidad lingüística de Aragón, en una reunión en las Cortes. Al contrario de lo expresado hace unos días, durante la reunión con profesorado universitario no ha negado que haya aragoneses con otra lengua materna diferente al castellano.
La diputada, licenciada en Filología Hispánica, ha planteado varios argumentos políticos para defender la negativa de su partido a reconocer oficialmente los derechos civiles de los hablantes de lengua catalana y aragonesa.
El primero de ellos, la inexistencia de una lengua aragonesa. Como unidad lingüística, o “idioma” (subrayando por su parte el entrecomillado), para la diputada el aragonés no existe y su variedad standard carece de validez. Se reafirma así en su posición de eliminar esta denominación de cualquier legislación de protección de las lenguas aragonesas. Lo que es coherente con la denominación que su grupo parlamentario y el del Partido Aragonés propusieron en su Ley de Lenguas del año 2013: “lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica”, mediáticamente conocida como LAPAPYP, mientras en la romanística internacional y el resto de ámbitos científicos ha seguido denominándose “aragonés”.
En este primer punto, desde el Seminario se ha transmitido a la diputada que esta posición del Partido Popular, programática pero sobre todo mediática, se contradice en aspectos clave con sus actuaciones políticas:
Por la legislación con la que su partido ha reconocido al aragonés y al catalán mediante sus denominaciones cultas y científicamente aceptadas: Ley 3/1999 del Patrimonio Cultural Aragonés, en su artículo 4. Siempre de acuerdo con su antiguo socio de gobierno, el Partido Aragonés que también reconoce la existencia de esta lengua.
Desatendiendo al hecho de que el propio Partido Popular ha promovido la enseñanza en educación primaria y secundaria de la “lengua aragonesa” (con esta denominación), aumentando el número de alumnado participante durante su último periodo de gobierno: de 278 en 2011 a 612 en 2014.
Y, además, que cargos políticos de su partido en municipios, diputaciones provinciales y comarcas han apoyado la protección de esta lengua.
El segundo argumento de la diputada ha sido la aceptación de que en Aragón se habla catalán: “no voy a negar la evidencia”. Añadiendo que es la misma lengua que se habla en territorios limítrofes, y que su denominación culta es esa, “catalán”. Justificando a continuación que su partido no accede actualmente a legislar con esa denominación “porque hay hablantes que la rechazan”.
Desde el Seminario, cuya posición académica es pública y compartida en foros científicos internacionales, hemos recordado que esta ambivalencia supone contradicciones en dos ámbitos:
El Partido Popular ha aprobado leyes y dictámenes que reconocen esta denominación cuando ha gobernado en Aragón.
Este partido ha votado en los municipios y comarcas catalanohablantes de Aragón declaraciones a favor de la denominación culta del idioma.
Y con el Partido Popular gobernando, las clases de lengua catalana en Aragón se han mantenido, con esa denominación, sin conflicto institucional alguno.
Al mismo tiempo, hemos recordado que tanto el informe que le hemos presentado, dentro de la ronda de contactos con grupos parlamentarios e instituciones, como las Encuestas de Usos Linguísticos de 2003 y 2014, muestran que los hablantes denominan mayoritariamente a su lengua como “catalán”; duplicándose en 10 años quienes así lo hacen: del 20’6% al actual 45’6%.
Y que, finalmente, la comunidad científica internacional ha manifestado reiteradamente que la lengua catalana se habla en Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares, Andorra, Alguer y Pirineos Orientales.
Tras la entrevista, que ha quedado pendiente de un nuevo encuentro, en el que profundizar en los datos que aportamos, el Seminario Aragonés de Sociolingüística hace pública la siguiente declaración.
En primer lugar, hay un consenso mínimo entre todos los partidos políticos e instituciones a los que hemos presentado el informe: el reconocimiento de la diversidad lingüística.
En segundo lugar, que es preciso y posible, por tanto, desarrollar otros consensos para avanzar en las políticas públicas de gestión de nuestra diversidad lingüística:
Precisar jurídicamente qué lenguas se hablan (con una denominación científica y no arbitraria).
Y recabar fuentes oficiales sobre el número de hablantes y los municipios donde estas lenguas están presentes. Para ello, contamos con el Censo de Población y Viviendas de 2011 y las Encuestas de Usos Lingüísticos (2003 y 2014).
En tercer lugar, que, dado que todos los partidos reconocen la diversidad lingüística y todos proponen protegerla, otro consenso mínimo debe ser evitar el actual proceso de pérdida definitiva (en el caso del aragonés) y debilitamiento (en el caso del catalán).
La comparación entre el informe de 2001 y el Censo de 2011 nos señalan que el aragonés ha descendido dramáticamente en número de hablantes y que su transmisión familiar apenas afecta ya a la mitad de las unidades familiares de los hablantes.
Y la comparación del Censo de Población y Viviendas de 2011 y las Encuestas de Usos Lingüísticos (2003 y 2014) también nos alertan sobre una fragilización del catalán en la Ribagorza y el área del Mezquín-Bergantes, así como sobre una pérdida de hablantes cuanto menor es la edad.
En cuarto lugar, aceptando como consenso mínimo la legislación internacional sobre derechos humanos y la normativa europea sobre lenguas, las políticas públicas deben garantizar la erradicación del analfabetismo entre los aragoneses de habla aragonesa y catalana: sólo un 66,5% y un 48,8% respectivamente declaran saber escribir en su lengua, según el Censo de 2011.
Y en último lugar, atendiendo a la concepción del pluralismo democrático, este implica el reconocimiento político de la diversidad cultural de cada país. Una diversidad que puede ser abordada desde las políticas públicas al menos de tres formas. Cada una de las cuales está presente en las posiciones actuales de los partidos políticos de nuestras Cortes.
La de quienes defienden la actual legal de los aragoneses de lengua catalana o aragonesa, son políticas discriminatorias, al promover un trato desigual a una parte de los ciudadanos, en función de su cultura.
La de quienes proponen una , que pasa por una homogeneización por asimilación. En el caso de Aragón por la castellanización o pérdida de la lengua propia, sea aragonesa o catalana.
Y, por último, las políticas públicas que proponen una , que pasa por la aceptación legislativa de la diversidad cultural y por la regulación en de todas las comunidades culturales y lingüísticas.
Desde el Seminario Aragonés de Sociolingüística creemos que los partidos representados en las Cortes deben dar el paso desde ese consenso mínimo actual, de reconocimiento de la diversidad, al necesario reconocimiento de la igualdad efectiva de derechos de toda la ciudadanía aragonesa.